En el presente artículo sobre la industrialización de Venezuela se expone la evolución de dicho proceso en nuestro país, cuyos inicios se remontan a los años cincuenta y que el autor describe como "un fenómeno tardío" en comparación con otros países latinoamericanos.
También explica que durante este período tanto el gobierno como los empresarios y la población hicieron sacrificios para impulsar las industrias nacionales, el gobierno y los empresarios a través de grandes esfuerzos en el financiamiento de las mismas y los venezolanos haciendo caso omiso a la calidad y precio de los productos venezolanos pero eligiéndolos por sobre los productos importados para apoyar e impulsar la producción nacional.
En aquella época, promover el desarrollo industrial era una tarea que se llevaba a cabo con mucha dedicación, y a raíz de ello se crea el INCE (Instituto Nacional de Cooperación Educativa) para formar individuos capacitados para el trabajo.
En el artículo, también se señala que paralelamente al ingreso de Venezuela al Pacto Andino en 1973, comenzó una "nueva etapa de desarrollo industrial" en la que a través de leyes, decretos, incentivos y asociaciones con empresas extranjeras "el sector industrial creció sostenidamente" de modo que ya para 1978 llegó a representar el 15% del PIB, mientras que el sector manufacturero para 1998 representaba el 17.4% del PIB.
Asimismo se hace referencia a que, si bien lo antes expuesto dio pie a un período de sustitución de las importaciones, también se produjo un auge en los precios del petróleo y por ende los ingresos que recibía el país debido a ello, por lo cual aumentaron considerablemente las importaciones, dando origen a la inflación que hasta hoy en día sigue en un descontrolado aumento. El autor indica que también aumentan los controles y regulaciones de precios, atribuyéndoles el calificativo de "plagas de nuestra economía" y que se intensifica la fuerte inversión a empresas del Estado, "un fenómeno que se ha maximizado y distorsionado en los últimos años".
De igual forma, se menciona que la industrialización empezó a frenarse en 1977 y que algunas de las causantes fueron la falta de planificación coherente, la necesidad de reducir la intervención del Estado, la abundancia de divisas producto del petróleo, el escaso desarrollo tecnológico y la falta de mano de obra calificada.
Cabe destacar, que a partir de 1999 ocurre una desindustrialización, porque crecen los sectores no transables (comunicaciones, banca y seguros, comercio) mientras que descienden los sectores que producen bienes y servicios (manufactura, construcción e incluso petróleo), señalando que "el caso petrolero es quizás el más significativo, ya que su impacto económico se da a través de los precios y no por mayor producción".
En este sentido, lo que Conindustria denomina "cerco a la propiedad privada" impide que el sector privado lleve a cabo la producción que tanto necesita la economía nacional, señalando a su vez que el país cuenta con un 40% menos de industrias que las que tenía para antes de 1999, llevando a la pérdida de cuantiosos empleos y deteniendo no sólo la inversión privada sino también hasta la pública. En resumidas cuentas, debido a la falta de divisas, los controles de precios y "las amenazas de inspecciones, sanciones y expropiaciones" el sector manufacturero se ha visto terriblemente limitado y afectado.
El autor agrega que todo ello nos ha enseñado que es importante el diálogo entre las empresas públicas y privadas ya que "donde no hay diálogo y concertación no hay progreso". Además, se debe lograr una buena relación entre ambas, de modo que se complementen y ayuden a impulsar la economía nacional y lograr un desarrollo sustentable. En este orden de ideas, el autor desaprueba la insistencia del gobierno en imponer un sistema económico que ha fracasado en aquellos países que han intentado implementarlo, por lo que hay que dejar las ideologías a un lado y enfocarse y orientarse en el trabajo conjunto donde se respeten los derechos y posiciones de todas las partes involucradas y actúen en pro del desarrollo de la economía del país.
En aquella época, promover el desarrollo industrial era una tarea que se llevaba a cabo con mucha dedicación, y a raíz de ello se crea el INCE (Instituto Nacional de Cooperación Educativa) para formar individuos capacitados para el trabajo.
En el artículo, también se señala que paralelamente al ingreso de Venezuela al Pacto Andino en 1973, comenzó una "nueva etapa de desarrollo industrial" en la que a través de leyes, decretos, incentivos y asociaciones con empresas extranjeras "el sector industrial creció sostenidamente" de modo que ya para 1978 llegó a representar el 15% del PIB, mientras que el sector manufacturero para 1998 representaba el 17.4% del PIB.
Asimismo se hace referencia a que, si bien lo antes expuesto dio pie a un período de sustitución de las importaciones, también se produjo un auge en los precios del petróleo y por ende los ingresos que recibía el país debido a ello, por lo cual aumentaron considerablemente las importaciones, dando origen a la inflación que hasta hoy en día sigue en un descontrolado aumento. El autor indica que también aumentan los controles y regulaciones de precios, atribuyéndoles el calificativo de "plagas de nuestra economía" y que se intensifica la fuerte inversión a empresas del Estado, "un fenómeno que se ha maximizado y distorsionado en los últimos años".
De igual forma, se menciona que la industrialización empezó a frenarse en 1977 y que algunas de las causantes fueron la falta de planificación coherente, la necesidad de reducir la intervención del Estado, la abundancia de divisas producto del petróleo, el escaso desarrollo tecnológico y la falta de mano de obra calificada.
Cabe destacar, que a partir de 1999 ocurre una desindustrialización, porque crecen los sectores no transables (comunicaciones, banca y seguros, comercio) mientras que descienden los sectores que producen bienes y servicios (manufactura, construcción e incluso petróleo), señalando que "el caso petrolero es quizás el más significativo, ya que su impacto económico se da a través de los precios y no por mayor producción".
En este sentido, lo que Conindustria denomina "cerco a la propiedad privada" impide que el sector privado lleve a cabo la producción que tanto necesita la economía nacional, señalando a su vez que el país cuenta con un 40% menos de industrias que las que tenía para antes de 1999, llevando a la pérdida de cuantiosos empleos y deteniendo no sólo la inversión privada sino también hasta la pública. En resumidas cuentas, debido a la falta de divisas, los controles de precios y "las amenazas de inspecciones, sanciones y expropiaciones" el sector manufacturero se ha visto terriblemente limitado y afectado.
El autor agrega que todo ello nos ha enseñado que es importante el diálogo entre las empresas públicas y privadas ya que "donde no hay diálogo y concertación no hay progreso". Además, se debe lograr una buena relación entre ambas, de modo que se complementen y ayuden a impulsar la economía nacional y lograr un desarrollo sustentable. En este orden de ideas, el autor desaprueba la insistencia del gobierno en imponer un sistema económico que ha fracasado en aquellos países que han intentado implementarlo, por lo que hay que dejar las ideologías a un lado y enfocarse y orientarse en el trabajo conjunto donde se respeten los derechos y posiciones de todas las partes involucradas y actúen en pro del desarrollo de la economía del país.
NATALIA GOMEZ
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